En rueda de prensa, los portavoces de la plataforma Ramón Torre e Isabel Serrano han expuesto las preocupaciones de la organización sobre la modificación legislativa anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien ha avanzado que se volverá a un sistema de supuestos permitiendo, en principio, el aborto en caso de riesgo cierto para la salud de la madre y en embarazos fruto de violación.

Las organizaciones piensan que “va a ser peor que la ley de 1985 porque tendrá supuestos, pero absolutamente restrictivos” y vaticinan que “más de 70.000 mujeres lo pasarán muy mal” al volver a este sistema, las que, según sus cálculos basados en un estudio de la Asociación de Clínicas Acreditadas, abortan al cabo de un año por propia voluntad: el 63 por ciento del total.

Serrano ha afirmado que las propuestas del Ejecutivo están “encaminadas a conseguir un sistema absolutamente restrictivo” que traerá consigo “más riesgos” tanto para la salud de la mujer, que se verá abocada a “peores condiciones, aborto clandestino y viajes al extranjero”, como para el personal sanitario, “que dudará sobre lo que puede o tiene que hacer”.

La plataforma asegura que se generarán “más desigualdades” porque el aborto “dependerá de cada comunidad autónoma” y de la nacionalidad y el estatus económico de la mujer. En este sentido, Serrano ha puesto el acento en las inmigrantes en situación irregular, la mayoría jóvenes en edad fértil, que sin tarjeta sanitaria “van a tener que recurrir a prácticas de riesgo”.

En cuanto a la inseguridad jurídica, ha incidido en que desde que se aprobó la ley actualmente en vigor no ha habido juicios contra mujeres o profesionales por temas de aborto frente a los más de 2.000 que, asegura, se celebraron en el periodo anterior. “La ley no ha aumentado el número de abortos, ni la inseguridad jurídica, ha dado más protección, más equidad, incluye educación sexual y nos acerca más a Europa”, ha asegurado.

Por otra parte, la jurista Amalia Fernández, ha comparecido para explicar que la Plataforma ha instado a la Abogacía del Estado a recursar al magistrado del Tribunal Constitucional que será ponente en el recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo, el juez Andrés Ollero por “incompatibilidad” dados sus pronunciamientos públicos posicionándose sobre la normativa.

La Plataforma insta por todo ello a la ciudadanía a participar en alguna de las concentraciones que se irán convocando en distintas ciudades españolas y reclamar el “derecho a decidir” de las mujeres, ya que según afirman, “si las mujeres no deciden, la democracia se resiente” frente a los “integristas” que quieren prohibir esta práctica o restringirla a niveles por encima del resto de países europeos. “Quienes se oponen no están a favor de la vida, sino del aborto clandestino”, ha añadido Torre.

Fuente: http://www.decidirnoshacelibres.org/